Un 25% de las más de 300 granjas de porcino de Lleida que eliminaban sus excedentes de purines en las plantas de tratamiento con cogeneración, que han cerrado por la rebaja de las retribuciones energéticas, están empezando a verter los excrementos del ganado en fincas agrícolas.

Así lo ha explicado, este martes, el portavoz de la organización agraria Jarc, Jaume Bernis, tras la reunión que junto a otras organizaciones del sector ha mantenido con la subdelegada del Gobierno en Lleida, Inma Manso, para pedirle que gestione un encuentro del sector con altos cargos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y el de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El portavoz de Jarc ha coincidido con Unió de Pagesos y Asaja en que el problema no lo han generado los ganaderos y son ellos los que ahora quedarán «fuera de la ley medioambiental europea». Según Bernis «la situación es grave, es un problema medioambiental en el que el propio Gobierno nos ha metido a los ganaderos».

Por su parte, Rosend Santiveri, de Unió de Pagesos ha avanzado que el sector prepara movilizaciones a mediados de marzo en Madrid, aunque todavía no ha decidido si será ante el Ministerio de Industria o el de Agricultura.

El encuentro con la subdelegada, la víspera del fin del plazo para presentar alegaciones a la orden ministerial que desarrolla el acuerdo de reforma eléctrica, ha coincidido con un encuentro en Madrid entre responsables Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines y altos cargos del Ministerio de Industria. Manso  precisó que tras el período de alegaciones la normativa ha de pasar por la comisión nacional de la energía que tiene potestad para rechazarla. En la reunión de este pasado martes, Manso y el sector han acordado intercambiar información cada semana.

El real decreto reduce las retribuciones de las plantas de cogeneración con carácter retroactivo por lo que las 29 instalaciones de este tipo de España ya han cerrado –de ellas, seis están en Catalunya, cuatro en Lleida–. Mientras se agota el tiempo para presentar alegaciones, organizaciones agrarias, ganaderos particulares y familias han empezado a presentar alegaciones al real decreto, sólo en Alcarràs (Lleida) la cifra supera las 700, según Bernis.

Los Ayuntamientos también debaten en sus plenos mociones contrarias a la propuesta del Ministerio de Industria, similares a la moción que aprobó la Diputación de Lleida el pasado viernes.

El primer punto de la moción de la Diputación, que recoge el rechazo a las medidas del Estado no contó con el apoyo del PP, que en cambio sí votó a favor el resto de los puntos, entre ellos el que plantea modificar los parámetros retribuidos de las plantas de cogeneración de tratamiento de purines.

No debemos olvidar que las plantas de tratamiento de purines juegan un importante papel medioambiental al resultar, en muchas ocasiones, la única alternativa de gestión de la enorme cantidad de purines que se generan en las explotaciones porcinas. Si estas plantas cierran, se incurrirá en una mayor contaminación de las tierras e implicará, previsiblemente, el incumplimiento de la Directiva Nitratos 91/676/CEE, con la posibilidad de sanciones por parte de la UE.