Recientemente se ha aprobado la nueva ley Denominaciones de origen (DO) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) cuando su ámbito se extiende a más de una comunidad autónoma actualizando, modernizando y unificando en un solo criterio jurídico cuando se da esta circunstancia que actualmente era laborioso por el parlamento.

Esta ley cumple su objetivo de armonizar con unos criterios comunes en cuanto al procedimiento para su reconocimiento, protección, control y la regulación de su gestión basando el sistema de protección y información al consumidor sin alterar la competencia entre productores.

Los consejos reguladores salen reforzados con esta ley dotándolos de personalidad jurídica propia y obligandolos a funcionar como corporaciones de derecho público y controlados por la Agencia de Información y Control Alimentario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (AICA), para realizar las funciones de control oficial.