El programa de ayudas comunitarias para la agricultura busca compensar la falta de competitividad de zonas desfavorecidas, a la par que asegurar un mantenimiento del medio ambiente. Dada la diversidad de las regiones y las necesidades, en la normativa se quiso dar mayor poder de decisión a los Estados Miembros con el artículo 68 del Reglamento 73/2009.

Gracias a este artículo, se aumentó el número de actividades y objetivos para los que se podía conceder la ayuda (6,4 mil millones para el período 2010-2013). Ahora, según el informe de una auditoría encargada por la UE se demuestra que las políticas adoptadas por los Estados Miembros no están suficientemente justificadas.

El Tribunal de Cuentas Europeo ha realizado la revisión en base a cuatro países – Grecia, España , Italia y Francia – que representan aproximadamente el 70 por ciento de la asignación presupuestaria para estas medidas. Y se ha concluido que las asignaciones han sido realizadas con escasa justificación y una elevada discrecionalidad.

Sin embargo, la Comisión no puede tomar ninguna medida jurídica vinculante, ya que la única obligación de los Estados miembros es notificar a la Comisión las decisiones que toman.